EL GOBIERNO PROVINCIAL PRESENTÓ UNA DENUNCIA PENAL POR IRREGULARIDADES EN UNA LICITACIÓN DE LA DPE

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego presentó a fines de la semana pasada una denuncia ante la Justicia Penal por presuntas irregularidades cometidas en la Dirección Provincial de Energía (DPE) en una licitación para la compra de materiales eléctricos.

Las irregularidades datan de septiembre de 2019 -durante la anterior gestión- y a pesar de que los materiales nunca fueron entregados, desde el organismo se abonó la totalidad de la compra, por más de dos millones de pesos. Luego de realizarse todos los pasos administrativos y sumariales correspondientes, con intervención del Tribunal de Cuentas, desde la Secretaría Legal y Técnica se ordenó presentar la denuncia en Fiscalía a los fines de determinar las responsabilidades del caso.

Todo surgió a inicios de septiembre del año pasado, cuando a través de la Resolución de la DPE N° 774/19 se aprobó el pliego de bases y condiciones para la adquisición de empalmes y conectores terminales para el pañol del Departamento de Distribución.

La empresa adjudicataria de la licitación se comprometió -de acuerdo a las condiciones del pliego- a entregar la mercadería a partir de los 45 días corridos desde la notificación de la orden de compra. A su vez, la cancelación de facturas sería a los 30 días corridos de recibida la provisión o la factura, lo que fuese posterior.

En el expediente 520/2019 consta que la empresa -Ingeniería 65 S.R.L- emitió la factura el 8 de noviembre de 2019, en la que se describe un anticipo financiero del 80 por ciento, condiciones que no estaban contempladas en el pliego, por lo que el pago carece de sustento jurídico.
Veinte días más tarde, se recibió en la DPE una nota de crédito por el monto de anticipo financiero aplicado y luego una factura por 2.071.997. Ese mismo día, el 28 de noviembre, se presentó el contratista por Mesa de Entradas con un remito, que no estaba suscripto por personal de la DPE, como recepción de los materiales. Luego de esto se presentó una nueva factura y se les pagó el 20 por ciento restante. Es decir, se canceló la totalidad de la operación.
Pero los materiales nunca fueron entregados.

El 17 de diciembre asumió la nueva administración provincial y por ende se produce el cambio de autoridades en el organismo.
El 5 de febrero de 2020, un ingeniero jefe de Departamento Distribución elevó el pedido para que el proveedor notifique la fecha probable de entrega de los materiales comprados y abonados.

Simultáneamente y dadas las irregularidades detectadas en la licitación, la compra y la entrega, se da intervención al Tribunal de Cuentas Provincial que en una primera acta de constatación detecta incumplimientos sustanciales.

El 3 de marzo, la DPE intimó a la contratista a la entrega de los materiales abonados; el 9 de marzo la empresa respondió, proponiendo un cronograma de entrega en etapas.
Recién el 29 de julio de este año, la empresa intentó realizar una primera entrega de materiales a la División Pañol. Pero desde los organismos de control se aconsejó la no aceptación, por lo que se generó la recisión de la orden de compra, devolución de los materiales e inicio de acciones correspondientes.

A poco de conocerse las anormalidades en la contratación, las autoridades de la Dirección ordenaron que se sustancie un sumario administrativo para deslindar responsabilidades. Como los sumariantes internos de la DPE se excusaron de llevar adelante la tarea, se convocó a personal de la Secretaría de Legal y Técnica del Gobierno Provincial. Paralelamente, se dio intervención al Tribunal de Cuentas, que realizó un pormenorizado informe que dio como resultado la confirmación de serias irregularidades y aconsejó dar intervención a la Justicia.

En igual sentido, el 13 de agosto pasado, desde Legal y Técnica se le sugirió al presidente de la DPE que se inicie una denuncia penal.
La presentación ante la Fiscalía se realizó el último viernes. Vale destacar que en el escrito presentado por la Dirección no se denuncia a persona alguna, pues lo que se pretende es que la Justicia determine quién o quiénes fueron los responsables de esta maniobra.
Por lo pronto, y en el marco de las investigaciones internas, fueron suspendidos de sus funciones al menos dos responsables administrativos del organismo.